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  • Sentencia Audiencia Nacional de 11 de noviembre de 2016, recurso nº 422/2014. Devoluciones a no establecidos – Denegación – Principio de regularización íntegra.

 

 La Audiencia recogiendo el criterio confirmado por la STS de fecha 16 de febrero de 2016, considera que si bien  la actuación de la Administración en este particular es conforme a Derecho, la Administración Tributaria debe determinar  la procedencia del derecho de entidad no establecida a la devolución, ya sea como ingreso indebido o como crédito a su favor, previa comprobación de los requisitos que legal y reglamentariamente se establecen, en las cuantías que resulten pertinentes y mediante las rectificaciones que correspondan, a fin de evitar un enriquecimiento injusto para la Administración y de conseguir el objetivo de neutralidad de dicho impuesto.

 

  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sentencia de 20 de octubre de 2016 – Recurso nº 1352/2014. Errores en la aplicación del método de estimación indirecta en el IVA.

 El TSJ de Madrid rechaza el método aplicado por la Administracion para valorar los consumos en un procedimiento de estimación indirecta. Según el Tribunal,  “la administración en ningún momento especifica si acude a un registro público, y cuál es, para obtener los datos de las empresas con el mismo volumen de negocios que utiliza para determinar los gastos de aprovisionamiento de la entidad actora. Tampoco especifica cuáles son los nombres de esas empresas que utiliza para determinar la media aritmética del importe de los gastos y consumos estimados en función de las magnitudes normales dentro del sector de la entidad actora. Todo ello supone, a juicio de la Sala una evidente indefensión ya que imposibilita a la entidad actora el contraste de esos datos y, en su caso, poder rebatirlos, lo cual es equiparable a la ausencia de motivación de la liquidación que se puede apreciar cuando en las comprobaciones de valores se omite por la administración la referencia a los testigos de operaciones inmobiliarias del sector utilizados para determinar el valor real del inmueble”.

 

  • Tribunal Superior de Justicia de Madrid - Sentencias de 18 de marzo de 2016 nº rec. 197/2014 y 176/2014. Interposición de sociedades profesionales: simulación versus operaciones vinculadas.

 

 Varias sentencias del TSJ de Madrid analizan la existencia de operaciones vinculadas con servicios personalísimos, y la simulación relativa. En el caso de la simulación, ésta se le imputará al profesional que diseñó una apariencia de negocio jurídico diferente al que realmente se estaba realizando para tratar de conseguir una ventaja fiscal, resultando según el Tribunal procedente exigir el IVA correspondiente a los negocios realmente celebrados, de modo que los servicios facturados al cliente habrán de ser imputados al profesional, que es quién realmente los presta, excluyendo a la sociedad interpuesta. En consecuencia, se ha producido una indebida repercusión del IVA por parte de la sociedad interpuesta, toda vez que quién ha soportado indebidamente la repercusión del IVA es la destinataria de las facturas, lo que determina que a ésta se le reconozca el derecho a la deducción del ingreso indebido cuando concurran los requisitos y condiciones previstos en los artículos 14 RRVA, y 129.2 párrafo segundo y .4f) del RGAT.

 

  • Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de noviembre de 2016 (nº rec. 2340/2015) y contestación DGT nº V3758-15 sobre la aplicación de ITP en  transmisión de sociedades sin toma de control. 108 LMV – 314 TRLMV.

 

 La DGT en su consulta de 2015 abre la posibilidad de aplicar el artículo 108 LMV (314 TRLMV) a cualquier transmisión de acciones, con o sin toma de control de la entidad, mediante la cual se pretenda eludir el pago de los tributos (IVA – ITP). Entendemos que este criterio es contrario al fijado por el Tribunal Supremo en sentencia de 22 de noviembre de 2016 en la que se indica claramente que el texto legal que regula este supuesto no puede utilizarse como criterio interpretativo, ya que nos encontramos ante una medida específica de lucha contra el fraude que obliga a estar a los requisitos establecidos, sin que proceda por tanto por la vía del fraude de ley, ni por la vía de la simulación o de la calificación, aplicar el precepto a otros hechos que puedan considerarse asimilables al definido en la norma.